Camilo Benítez, contralor general de la república, en “fuego cruzado”.FOTO:LEANDRO VERAGUA

Remarcó que la intención de auditar financieramente las binacionales no trans­gredirá los tratados inter­nacionales ni invadirá la soberanía extranjera, ya que lo solicitado es suma­mente básico. “Las entida­des de control del Paraguay tendrían que tener acceso al uso del dinero, que es de los paraguayos. Nosotros que­remos saber cuánto dinero fue transferido a la mar­gen derecha, cuánto se usó, cómo se usó y cuánto sobra para la compra de medi­camentos, es específico el pedido y es muy básico, es una auditoría financiera y de cumplimiento, en nin­gún momento acá queremos transgredir los términos del Tratado, ni queremos ingresar a la soberanía extranjera”, explicó.

Benítez relató que se remitieron notas a ambas entidades, solicitando la presentación de las docu­mentaciones que hace refe­rencia al uso de los fondos socioambientales exclusi­vamente de la margen dere­cha de ambas binacionales. “En ningún momento nos hemos creído con com­petencia para realizar un análisis de toda la conta­bilidad de toda la bina­cional, sino solamente del uso que se hace de lo que le corresponde al patrimonio público paraguayo. Enten­diendo que eso está enmar­cado dentro de la compe­tencia constitucional de la Contraloría General de la República”, explicó.

Señaló también que las binacionales fueron cons­truidas bajo la vigencia de una Constitución anterior, en la que no existía la Con­traloría General, ya que la misma fue creada recién con la Constitución de 1992 como órgano constitucional extrapoder, y se constituye como la entidad fiscaliza­dora superior de la Repú­blica del Paraguay. “Esa normativa constitucio­nal, que obviamente está por encima de los trata­dos internacionales, es la que a nosotros nos habilita para iniciar esta audito­ría. En base a eso, se emi­tió la resolución del Con­greso Nacional y que tuvo acogida favorable y por eso fueron emitidas las reso­luciones para iniciar las auditorías”, expresó.

Ahora bien, indicó que la ley orgánica de la CGR sí está por debajo de los tra­tados internacionales, y es la que establece los meca­nismos de acción del con­tralor si le niegan el acceso a la documentación que se le está requiriendo. “La ley orgánica nos habilita a que nosotros recurramos al Poder Judicial y pida­mos allanamientos. Noso­tros lo que vamos a pedir es una orden judicial para que nos den esa documenta­ción y vamos a agotar todas las instancias pertinentes; y si hace falta vamos a lle­gar hasta que se defina en la Corte Suprema de Justicia, porque me parece trascen­dental llegar hasta las últi­mas instancias para saber si es que la Contraloría es o no competente para fiscalizar el patrimonio paraguayo de las binacionales, respecto a los fondos socioambienta­les”, precisó.

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