Abdo Benítez vetó totalmente la ley de "autoblindaje"
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, objetó totalmente el proyecto de Ley de Autoblindaje, por la cual los parlamentarios pretendían que casos de pérdida de investidura sean aprobados por mayoría absoluta. Con esto el proyecto vuelve al Congreso, que tendrá la última palabra.
Abdo rechazó completamente el proyecto, ya que tenía varios cuestionamientos que hacían dudar de su constitucionalidad. Uno de los principales puntos que reprobó el Ejecutivo es que se pretendió establecer que la pérdida de investidura sea aprobada por mayoría absoluta, algo que no está estipulado en el artículo 201 de la Constitución.
La misma Carta Magna establece expresamente todos los temas para los que se requieren aprobación por mayoría absoluta en el Congreso, y no hace referencia a la pérdida de investidura. La Constitución añade que para todos los demás casos se requiere mayoría simple.
“La Constitución prevé la figura y las causales de pérdida de investidura de un legislador, sin embargo, a diferencia del artículo 4° del proyecto de ley, no establece cuál es la mayoría requerida para removerlo del cargo. Ante la falta de dicha mención, rige la disposición constitucional contenida en el artículo 185 que señala: «...Salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes»”, indica el documento, argumentando la decisión.
Según indica la Constitución, la pérdida de investidura debería aprobarse por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. La intención de los legisladores era aumentar esos números a 41 votos en Diputados, y en el Senado, 23 votos. En la práctica, en el Senado –donde hasta ahora se dieron los únicos casos de pérdida de investidura– igualmente se mantiene el mínimo de 23 votos para la aprobación, puesto que queda implícito que la suerte de un legislador está echada si se logra el quorum mínimo legal requerido.
Con el veto, el proyecto vuelve al Congreso, que deberá ratificarse en su proyecto o aceptar la postura del Ejecutivo.
