Advierten fallas en planes energéticos y urgen la apertura del mercado

El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) alerta que, de no corregirse el marco legislativo para garantizar un ente regulador verdaderamente independiente y romper el monopolio de la ANDE, Paraguay enfrentará un déficit de energía en solo cinco años y ahuyentará inversiones claves.

Si bien Paraguay “se puso de moda” para las inversiones extranjeras bajo la premisa de bajos impuestos y abundancia energética, la realidad a mediano plazo genera profunda preocupación en el sector privado. Rubén Jacks, presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL, Capítulo Paraguay), advirtió en conversación con ÚH que existen muchas intenciones de inversión acumuladas, pero el país corre el riesgo de quedarse sin energía en un lustro si no se capta capital privado para el sector de generación.

Para que estas inversiones se concreten, Jacks enfatizó la urgencia de actualizar la arquitectura institucional del país. “Necesitamos de una reforma y apoyamos la intención del Gobierno de abrir el mercado y crear un ente regulador, pero este debe ser autónomo y no debe darse lugar a un posible manejo político”, señaló el empresario.

“Tenemos que entender que si no se hacen los cambios correctos no vendrán los generadores de energía. Yo creo que se debería de emular lo que se hizo con las telecomunicaciones, No queremos que se privatice la ANDE, pero sí que se abra el mercado y la ANDE se haga competitiva”, enfatizó.

Fallas estructurales. Pese a coincidir en la necesidad de reformas, los actuales proyectos del Gobierno Nacional –que plantean la creación de un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y un Ente Regulador– enfrentan duros cuestionamientos por su diseño.

Diego Zavala, asesor del CEAL, habló sobre errores estructurales en las propuestas debatidas en la mesa energética, asegurando que el modelo planteado terminará ahuyentando el capital privado. La principal crítica radica en la nula autonomía de la futura institución reguladora.

“Es una entidad por debajo del Poder Ejecutivo, dependiente del Poder Ejecutivo, y por definición no es independiente”, sentenció Zavala. Esta falta de autonomía técnica se agrava por un problema de jerarquía institucional: La ley ubica al órgano regulador en el mismo escalafón que la ANDE, institución a la cual deberá fiscalizar. “¿Por qué la ANDE le va a tener que hacer caso si están en el mismo nivel?”, cuestionó el especialista.

Además, advirtió sobre la preocupante ausencia de facultades arbitrales. El marco jurídico planteado omite otorgarle a la nueva institución ”la función de árbitro”, una herramienta fundamental para dirimir eventuales conflictos de tarifas entre el Estado y los generadores privados, lo que deja a los inversionistas sin garantías ni seguridad jurídica.

El obstáculo del “monopsonio”. El corazón del problema, según el análisis del CEAL, reside en que el proyecto mantiene intacto un modelo de monopsonio (un solo comprador) que asfixia la competencia. Al ser la ANDE la única autorizada para comprar energía en el mercado, los proyectos de generación alternativa resultan financieramente inviables.

Zavala explicó a ÚH que, al tener a la ANDE como único comprador, los privados se ven obligados a competir contra los precios de represas hidroeléctricas ya amortizadas, lo que hace imposible el recupero de nuevas inversiones.

Para destrabar el potencial energético del país, el representante empresarial sostiene que “tiene que permitirse que se abra el mercado para la libre transmisión de la energía”. Este modelo permitiría que un generador privado pueda vender su capacidad directamente a grandes industrias, abonando simplemente un peaje a la red estatal por el uso de las líneas de transmisión.

El diagnóstico final del experto es que, de mantenerse la estructura de control absoluto, Paraguay se encamina inevitablemente hacia un déficit a corto plazo. “El sistema que hoy tenemos hay que compararlo con Cuba o Corea del Norte, que tienen el monopolio total en todos los niveles”, agregó.

Para el sector empresarial, el tiempo de la abundancia energética se agota rápidamente, exigiendo decisiones políticas que prioricen la libre competencia y la seguridad jurídica por encima de los monopolios estatales. Por su parte, el Gobierno ultima detalles para remitir los proyectos al Congreso Nacional.

• 6.000 megavatios de potencia solicitada aguardan por una respuesta de la ANDE.

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