Capricho enfermizo de «Tati» Urbieta costará más de 100 millones de guaraníes a la Comuna
Una antigua funcionaria de la Municipalidad de Concepción, despedida injustificadamente en el año 2016, demandó a la institución y ganó en todas las instancias, debiendo cobrar la suma de G. 110.817.500 en concepto de indemnización, a los que debemos sumar las costas del juicio. Este es solo uno de mu
Desde el año 2010, cuando asumió su primer periodo como intendente de Concepción, Alejandro «Tati» Urbieta sumó innumerables casos de despidos injustificados de funcionarios, muchos de ellos con varios años de antigüedad. Dichas decisiones, que en su mayoría se debieron a ocurrentes caprichos personales del jefe comunal, provocaron hasta la fecha grandes perjuicios económicos a la Municipalidad.
Uno de estos casos es el de la señora Wilma Melgarejo, quien fue despedida sin ninguna justificación en el mes de febrero de 2016, después de haber trabajado durante 23 años en la institución municipal. La misma llegó a desempeñar diferentes funciones y percibía al momento de su despido un salario de G. 2.800.000.
Al ser desvinculada sin percibir ni un guaraní en concepto de indemnización, como siempre ocurre con la administración de Urbieta, la mujer planteó una demanda ante el Tribunal Electoral y de lo Contencioso y Administrativo de la Circunscripción Judicial de Concepción y Alto Paraguay.
En octubre de 2016, el mencionado tribunal, integrado por María Dálida Leiva, Eduardo Riella y Félix Carlos Coronel, falló por unanimidad a favor de Melgarejo, determinando su reposición en el cargo y el cobro de G. 25.650.000 por los salarios caídos. Caso contrario, la Municipalidad debía abonar por salarios caídos e indemnización la suma de G. 110.817.500, más las costas del juicio.
Cabe mencionar que, en su descargo ante el tribunal, los abogados de la Municipalidad reconocieron los 23 años de antigüedad de la demandante, así como lo injustificado de su despido. Por otra parte, solo cuestionaron el monto que la misma debía percibir.
Enfrascado en su característica actitud caprichosa, el intendente Urbieta se negó a cumplir con lo dispuesto por el Tribunal y recién en el mes de setiembre de 2017, el abogado Aníbal Raúl Larriera, en representación de la Municipalidad, presentó una apelación ante la Corte Suprema contra la resolución del tribunal. La Sala Penal de la máxima instancia judicial rechazó el recurso de apelación por haber sido presentado a destiempo, con costas para la Municipalidad.
Como último recurso y tal vez para ganar algo de tiempo, Larriera pidió una aclaratoria contra el rechazo de la apelación, pero finalmente, la Corte se expidió a finales del mes de julio pasado, no haciendo lugar a dicha solicitud.
A partir de ahora lo que resta es la instancia de la ejecución de la sentencia, que con la conocida excusa de la falta de recursos, probablemente derivará en el embargo de algún patrimonio de la Comuna.
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