Contraloría denuncia a «Tati» Urbieta por daño patrimonial de casi 6.500 millones de guaraníes
La Contraloría General de la República comunicó a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, sobre posibles hechos punibles contra el patrimonio y lesión de confianza, que fueron detectados por una auditoría realizada a la administración del cuestionado intendente de Concepción, Alejandro Ta
El reporte Nº 32/2020, elaborado por la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, fue presentado este miércoles a la Fiscalía General del Estado. El documento es el resultado de una auditoría practicada a la gestión del intendente de Concepción, Alejandro Tati Urbieta sobre el ejercicio fiscal 2018.
Según el informe, los hechos relacionados a presuntos hechos punibles fueron detectados entre el 5 de enero y el 28 de diciembre de 2018, siendo agrupados en cuatro puntos. El monto del perjuicio patrimonial determinado en concreto asciende a la suma de G. 6.457.091.160.
El primer punto determinado por la CGR se refiere a pagos realizados por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones, donde la Municipalidad no cumplió con los procedimientos de contratación exigidos por la Ley Nº 2051/03. El monto del daño asciende a G. 959.500.000.
El segundo hecho denunciado es en relación a pagos realizados por combustibles y lubricantes, donde el monto del daño alcanza G. 657.851.160 y se menciona como irregularidades la falta de una reglamentación del uso de combustible, la ausencia de informes sobre el destino del combustible y notas de pedido sin fecha.
En tercer término la CGR denuncia la emisión de dos cheques de la cuenta de recursos genuinos sin respaldo documental, cuyos montos suman G. 26.750.000.
Por último, el reporte menciona lo que constituye el mayor de los montos, referente a una transferencia entre cuentas (intercuentas), que en su momento ya se había publicado a través de los medios. Dicho daño asciende a G. 4.812.990.000 y fue una transferencia realizada a través de varias operaciones de la cuenta de Fonacide a la cuenta de recursos propios de la Municipalidad. Según la auditoría, no se pudo determinar si dicho dinero fue devuelto a la cuenta de origen.
Adjuntas al reporte fueron presentadas varias documentaciones relacionadas al trabajo de auditoría y a partir de ahora queda a cargo del Ministerio Público determinar la apertura de una investigación.
Como dato relevante, la Contraloría General de la República menciona en el reporte que existen indicios de hechos punibles contra el patrimonio y lesión de confianza, según lo estipulado en el Código Penal, artículo 192.
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