En Brasil piden revertir fallo que viola el secreto de las fuentes
Una red de organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Brasil pidió ayer lunes a la Corte Suprema que suspenda los efectos de una polémica decisión de uno de sus magistrados que permitió identificar a una fuente periodística y que restablezca la protección constitucional del secreto de las fuentes.
grave amenaza. La Coalición en Defensa del Periodismo (CDJor) considera que las medidas judiciales dictadas por el magistrado Alexandre de Moraes contra un ex funcionario identificado como fuente de un reportaje con críticas a un miembro de la Corte supone una grave amenaza para la libertad de prensa en Brasil.
La red advirtió que la utilización de material obtenido de dispositivos de un periodista para llegar hasta la identidad de una fuente no solo viola la Constitución sino que puede crear un precedente de intimidación para el ejercicio del periodismo de investigación.
Decisión individual. La coalición, por lo mismo, le pidió al máximo tribunal que intervenga para evitar que la decisión individual de un magistrado debilite una garantía constitucional esencial para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la sociedad a recibir información.
“La CdJor pide al pleno del Supremo Tribunal Federal que suspenda la decisión y restablezca la protección constitucional del secreto de la fuente, garantizando el libre ejercicio del periodismo y el derecho de la sociedad a la información”, según su comunicado.
Articulo 5 de la constitución. “El principio de confidencialidad de las fuentes periodísticas, consagrado en el artículo 5, inciso XIV de la Constitución Federal, es fundamental para garantizar el derecho del público al acceso a la información y constituye uno de los pilares del Estado de Derecho democrático”, afirma CDJor.
En el comunicado agrega que: “La protección constitucional es fundamental: debilitar esta garantía implica que ya no se podrán realizar denuncias de interés público. Sin confidencialidad garantizada, quienes denuncien delitos o actos ilegales dejarán de acudir a la prensa por temor legítimo a represalias”.
Asimismo, manifiesta que los periodistas están sujetos a la ley, como cualquier otro ciudadano, y pueden ser investigados por cualquier delito que cometan. “Sin embargo, no se puede tolerar la inversión de la lógica de la investigación ni la violación de la garantía constitucional de confidencialidad de las fuentes para obtener información e intentar encontrar pruebas de actividades ilícitas”, puntualiza la organización.
La CdJor está integrada, entre otras, por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), Artículo 19 y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji).
La investigación. El caso se originó a partir de una investigación sobre informaciones de prensa críticas a otro de los miembros del Supremo, el exministro de Justicia Flávio Dino.
Según reportajes publicados por el periodista y bloguero Luís Pablo Conceição Almeida, familiares del magistrado utilizan de forma irregular vehículos oficiales del Tribunal de Justicia del estado de Maranhão.
En marzo, la Policía Federal realizó una operación contra el periodista y se incautó de teléfonos móviles, un ordenador y otros dispositivos.
Tras analizar el material, los investigadores identificaron a Raimundo Cutrim, exsecretario del Gobierno de Maranhão y comisario jubilado, como la fuente que presuntamente le proporcionó al periodista imágenes e informaciones sobre el uso de los vehículos.
A partir de esos datos, la Policía solicitó nuevas órdenes de registro contra Cutrim, que fueron respaldadas por la Fiscalía y autorizadas por Moraes el pasado martes.
Moraes admite que el secreto de la fuente constituye una garantía democrática y constitucional, pero argumentó que no puede utilizarse como un “escudo protector” para actividades ilícitas, persecuciones o amenazas contra la seguridad de autoridades.
Las organizaciones de defensa de la prensa cuestionan, sin embargo, que la identidad de una persona señalada como fuente haya sido obtenida precisamente mediante el análisis del material y las comunicaciones de un periodista.
El principio de confidencialidad de las fuentes periodísticas, consagrado en la Constitución Federal, es fundamental para garantizar el derecho del público al acceso a la información.
La SIP denuncia “grave amenaza para el periodismo”
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de una “grave amenaza” para el periodismo en Brasil y un “peligroso precedente” por una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) para identificar y perseguir a una fuente del periodista brasileño Luís Pablo Conceição Almeida.
El organismo expresó su “alarma” por la violación del secreto de la fuente periodística tras una orden del martes del ministro Alexandre de Moraes, del STF, para realizar allanamientos contra el ex secretario de Seguridad Pública de Maranhão Raimundo Cutrim, señalado por la Policía Federal como una fuente del periodista.
La SIP, con sede en Miami, denunció en un comunicado que estas medidas están relacionadas con reportajes publicados por Luís Pablo sobre el supuesto uso irregular de vehículos oficiales del Tribunal de Justicia de Maranhão por el ministro Flávio Dino, del STF, y sus familiares.
MINISTRO DE LULA. Dino fue ministro de Justicia entre 2023 y 2024 en el gabinete del presidente Lula da Silva.
Las autoridades investigan la obtención y divulgación de la información relacionada con esos reportajes, mientras las acusaciones sobre el supuesto uso irregular de vehículos y las demás circunstancias del caso son también objeto de investigación.
La defensa de Cutrim sostiene que la medida contra el exfuncionario se basó en el análisis de dispositivos electrónicos incautados al periodista durante un allanamiento realizado en marzo, que la SIP también denunció entonces como un posible “efecto intimidatorio”.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró “especialmente grave que la investigación haya permitido llegar hasta una fuente periodística mediante la revisión de los dispositivos incautados a un periodista”.
“La protección de las fuentes confidenciales no constituye un privilegio del periodista, sino una garantía indispensable para que ciudadanos puedan proporcionar información de interés público sin temor a represalias”, manifestó Manigault.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, agregó que esto establece “un precedente de graves repercusiones para toda la prensa” porque “si las fuentes no pueden confiar en que su identidad será protegida, se debilita una de las condiciones esenciales del periodismo”.
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