La liberación de Ciudad del Este, un desafío institucional
El clan Zacarías Irún está caminando en la cornisa. Luego de un reinado absoluto de dos décadas en Alto Paraná, hoy más que nunca está entre las cuerdas y con posibilidades reales no solo de procesamiento, sino de encarcelamiento.
La lupa de la Justicia está sobre el líder del clan, el senador y mano derecha de Horacio Cartes, Javier Zacarías Irún, investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, junto a su esposa, Sandra McLeod (intendenta en suspenso), su hermano, el ex gobernador y actual diputado Justo Zacarías, y a la esposa de este, la también diputada Rocío Abed.
Está comprobado que la política es el mejor blindaje para la impunidad. Zacarías Irún lo comprendió mejor que nadie. Empezó su carrera política como diputado, pero donde construyó su poder fue en Alto Paraná, siendo intendente en dos ocasiones, cargo que hoy ostenta su esposa, también reelecta, cuya administración está bajo intervención. Su hermano fue gobernador y ahora es diputado, al igual que su esposa. Los Zacarías Irún tienen 3 votos en el Congreso, una minibancada familiar.
De esta manera, el político tejió una resistente telaraña para proteger su imperio político y económico, que a la vez era una trampa mortal para quienes osaban disputarle el terreno.
EN PICADA. La derrota electoral es la mayor lección de realismo para todo dirigente político. Es lo que le pasó a Zacarías Irún, que no solo perdió terreno a nivel nacional, sino a nivel regional. Esta fragilidad electoral lo dejó inerme para frenar la investigación sobre su fortuna, que hasta hace poco venía bloqueando gracias a su poder omnímodo, que llegó al paroxismo con Horacio Cartes. Ya en la llanura, no pudo frenar la intervención a la administración de su esposa, que ya evitó hace dos años en la Cámara de Diputados.
Tampoco que la Fiscalía ponga foco sobre sus sospechados bienes, que según los primeros indicios, tiene demasiados agujeros negros. Lo último que arrojó la revisión de su caja fuerte fueron 10 cheques de bancos de las islas Caimán, con montos de hasta 100.000 dólares. Esto se agrega a la lista de posesiones como avionetas y departamentos en Brasil, además de innumerables inmuebles en el país.
AUXILIO A MARITO. Un acorralado Zacarías Irún hizo lo imposible para evitar la catástrofe. Se acercó a un cercano colaborador del presidente Abdo Benítez y ofreció la renuncia de su esposa a cambio de la no intervención del Municipio. Quería evitarle a Sandra McLeod la humillación política, que salga por la puerta grande, con el aire magnánimo de la dimisión por la pacificación. La oferta no cayó mal y logró adeptos en el Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien sopesó jurídicamente la propuesta y consideró que era la salida más rápida.
En la mesa chica del abdismo hubo adeptos de una y otra tesis, pero pesó la postura presidencial de rechazo al trueque. “Que se acepte la renuncia, pero habrá intervención”, dijo Marito y explicó a su entorno que no se le podía sacar a la ciudadanía indignada la razón de su lucha. Villamayor explicó las bondades de la oferta: renuncia e inmediatas elecciones agregando que suspender la intervención no implicaba archivar las denuncias. “No era un pacto de impunidad, nunca se negoció eso”, acotó el intermediario que llevó a Palacio la propuesta. Sandra renunció, pero ante el rechazo del pacto renunció a su renuncia, prueba del extravío político en el que se encuentra el clan.
Queda por saber a quién respondió políticamente el TSJE, que llamó apresuradamente a elecciones, y luego tuvo que desactivar, en medio de un bochorno jurídico que los puso al borde del juicio político.
LA INTERVENCIÓN. Luego del confuso episodio, Marito eligió a la prestigiosa jurista María Carolina Llanes como interventora. Cartes salió a respaldar a su hombre fuerte con un equipo conformado por los ex ministros Ariel Martínez, Guillermo Sosa y el ex diputado Bernardo Villalba, que ya empezaron a enturbiar la cancha con chicanas para desacreditar la auditoría.
No será fácil encontrar colaboración en un Municipio que lleva años siendo administrado por una misma familia, con funcionarios leales a su padrino político. Será un territorio hostil para Llanes, pero será justamente esa omnipotencia del poder la debilidad mayor del clan, que embebida en la soberbia del poder cometió demasiadas desprolijidades administrativas.
El desesperado intento de Zacarías de evitar la intervención es la confirmación de las sospechas. Ahora su esposa deberá explicar cómo administraba una de las ciudades más importantes del país, cuyo presupuesto anual oscila los 50 millones de dólares, con informatización precaria, casi primitiva, donde figuran 270 funcionarios permanentes, pero 1.300 contratados, cantidad que no cabe en el edificio. Los cientos de planilleros aparecieron mágicamente estos días para marcar el único reloj biométrico que está a punto de explotar.
Datos que muestran apenas la punta del iceberg de las inconsistencias que empiezan a aparecer y que a pesar del escaso tiempo de 60 días, la intervención probará el sistemático saqueo, según denuncias de los concejales.
El esperado control de Ciudad del Este, junto a la investigación de enriquecimiento ilícito de la familia Zacarías, es un desafío que pone a prueba a las instituciones del Estado como la Contraloría, la Fiscalía, la Justicia, que no pudieron ejecutar su tarea, ya sea por prohibición, ya sea por sumisión, ya sea por protección, ya sea por complicidad.
La intervención va mucho más allá de la simple guerra política entre al cartismo y el Gobierno.
Es el inicio de la liberación de un territorio secuestrado hace demasiado tiempo.
