No se debe perdonar a los que privilegian la complicidad política
Ante el inicio del juicio político al contralor general Enrique García en el Senado, existen suficientes elementos para justificar la remoción del funcionario, pero todo parece indicar que una mayoría votará por mantenerlo en el cargo solo porque les conviene políticamente.
Una vez más, se privilegian las alianzas sectoriales por encima de los intereses de la ciudadanía, lo cual equivale a que una mayoría de los congresistas de nuevo se conviertan abiertamente en cómplices de las irregularidades. La opinión pública debe tener muy en cuenta quiénes son los que avalan esta situación para expresarles el debido repudio y sobre todo poder darles una respuesta apropiada cuando nuevamente vengan a pedir el voto y la adhesión a sus candidaturas. Mantener viva la memoria y actuar en consecuencia es la única manera de darles una democrática lección.
Después de una prolongada espera, en la Cámara de Senadores finalmente se inició el juicio político en contra del contralor general de la República, Enrique García. Los principales referentes políticos aseguran que no existe aún la cantidad de votos suficientes para lograr la remoción del funcionario, que las negociaciones van a seguir y que por tanto el resultado final es incierto.
El problema radica precisamente en que este tipo de procedimientos, que forman parte de los mecanismos democráticos para remover a un alto funcionario cuando falla en el cumplimiento de sus funciones, no se rigen tanto por los hechos que son expuestos durante el proceso de juzgamiento, sino que dependen más de las negociaciones entre los miembros de bancadas, sectores y partidos políticos representados en el Poder Legislativo, según sus respectivas conveniencias sectoriales e incluso personales, provocando una grave distorsión de los objetivos de un juicio político.
En el caso del contralor García, a raíz de las numerosas denuncias y las publicaciones periodísticas que se han dado a conocer acerca de los presuntos delitos y las irregularidades cometidas por el alto funcionario, existe desde hace tiempo el convencimiento de que una persona así, acusada de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y concesión indebida de privilegios, entre otros puntos, no puede seguir al frente de la institución principal encargada justamente de controlar el uso del dinero público por las instituciones estatales y gubernamentales.
Sin embargo, debido a que su eventual cambio está ligado a las negociaciones que también se llevan a cabo sobre otros importantes cargos políticos en instituciones oficiales, las autoridades de los principales partidos y grupos de poder preferirían defenderlo ante las graves acusaciones y mantenerlo en el cargo, aunque ello signifique una vez más ir en contra de los intereses de la ciudadanía.
Esta lamentable situación revela una vez más los graves vicios que afectan a la clase política paraguaya.
Debido a estos “arreglos entre amigos” (más bien entre cómplices), sigue resultando difícil poder tener a personas más idóneas y competentes, debidamente capacitadas y honestas, al frente de los organismos públicos que deberían ser cruciales para luchar contra la corrupción, favorecer a la transparencia democrática y velar por los derechos de la ciudadanía ante los eventuales abusos del poder, como lo son la Contraloría General de la República o la Defensoría del Pueblo.
Aún está por verse cómo resultará este juicio político, pero si una vez más se consagra la impunidad, la opinión pública debe tener en cuenta quiénes son los que avalan esta situación, para expresarles el debido repudio y sobre todo poder darles una respuesta apropiada cuando nuevamente vengan a pedir el voto y la adhesión a sus candidaturas. Mantener viva la memoria y actuar en consecuencia es la única manera de darles una democrática lección.
