¿Pago a fallecidos? Contralor presenta informe lapidario contra IPS, a puertas de su reelección

El contralor general de la República, Camilo Benítez, entregó al presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, el informe financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al 2025, en cumplimiento con los artículos 282 y 283 de la Constitución Nacional.

En años anteriores, el documento se entregó entre junio y julio, pero esta vez coincide con la última etapa de designación en la Contraloría General de la República (CGR), que tiene en la terna como favorito al propio Camilo Benítez para su reelección.

Durante la conferencia de prensa, Benítez comentó que se realizaron más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño que evalúan no solamente el aspecto contable o la legalidad del gasto público, sino también el impacto de la política pública.

“El trabajo, sin duda, desnuda una situación de la administración financiera del Estado que lastimosamente se reitera año a año en los planes de mejoramiento que deberían de ser un elemento que cada año mejore; lastimosamente, en la evaluación de este año hemos empeorado en el sentido de que menos porcentaje de instituciones han aprobado sus planes de mejoramiento”, adelantó.

En ese sentido mencionó que el 40% del trabajo de auditoría se concentró en el Instituto de Previsión Social (IPS). “Es por lejos la institución más desordenada diría yo hoy del Estado paraguayo, lastimosamente porque afecta en la sensibilidad máxima de los paraguayos”, lamentó.

Sin embargo, destacó que los trabajos se realizaron por pedido del anterior titular, Jorge Brítez, quien actualmente está siendo investigado, a diferencia de autoridades anteriores como Vicente Bataglia, quien se negaba a entregar informes.

“Será él (Jorge Brítez) posiblemente quien tenga que cargar también con los ex titulares de la previsional las consecuencias de esta auditoría”, indicó.

A su criterio, se trata del informe más emblemático de la historia de la Contraloría respecto a la previsional porque abarca el aspecto financiero, ambiental y tecnológico. “Yo creo que puede servir para que de una vez por todas se puedan tomar las medidas de corrección verdaderamente”, argumentó.

Pago a jubilados fallecidos

El contralor explicó que el IPS arrastra una deuda flotante de G. 1 billón y, en ese sentido, advirtió que debido a esta situación, la previsional no tiene recursos para comprar medicamentos.

Le llamó la atención la diferencia de más de G. 624.491 millones entre el Sistema Integrado Hospitalario y el Sistema Aplicado de Producto, lo que mostró una reducción de un 45% de los medicamentos. Esto podría deberse a medicamentos registrados incorrectamente o que no fueron debidamente contabilizados.

Así también mencionó la desaparición de medicamentos y la utilización de un mecanismo por fuera de la ley, que consiste en la homologación de contratos vencidos.

Entre los puntos más polémicos está el pago de jubilaciones a personas que en realidad ya estaban fallecidas, a pesar de que podía realizarse un cruzamiento de datos teniendo en cuenta que el acta de defunción está disponible en el Registro Civil.

“A pesar de ello, el IPS les pagó a jubilados por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 personas que ya estaban fallecidas”, cuestionó. Benítez mencionó que este error ya se venía advirtiendo en años anteriores, pero igualmente se produjeron en el 2025.

A esto se suman los gastos por USD 25 millones por “el abuso del sistema de gastos judiciales para pagar acuerdos privados que fueron homologados” y los inmuebles arrendados que no generan ni el 1% de rentabilidad.

El contralor habló además del desfasaje entre lo que cobra el IPS de aporte patronal y lo que se paga a los jubilados.

“Entonces, aquí tenemos un problema de un caos financiero. El Estado paraguayo y las empresas privadas le adeudan más de G. 10.000 billones al IPS y muchas veces vemos que el IPS no hace una gestión eficiente en cuanto al cobro a empresas que le deben al IPS”, detalló.

Sobre este punto agregó que los funcionarios no se esforzaron en cobrar estas deudas y muchas de las demandas prescribieron.

A pesar de los detalles del informe, el contralor evitó hablar del daño patrimonial que representan todas las irregularidades detectadas y pasó la responsabilidad al Ministerio Público.

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