Respiradores de oro: aparecen vínculos de empresa con altos funcionarios del gobierno

Varios altos funcionarios del Gobierno se ven salpicados en la sospechosa compra de los "respiradores de oro" del Ministerio de Salud, al tener vínculos directos con la empresa Dysa Healthcare SA, la cual fue beneficiada con el meteórico contrato sobrefacturado.

Juan Ernesto Villamayor, Sergio Coscia y Walter Insfrán.

El periodista Jorge Torres Romero expuso en su programa La Caja Negra (Unicanal) que el principal accionista de Dysa Healthcare SA es un hombre de apellido Hellmers, quien está casado con la hermana del abogado Walter Insfrán, jefe de Gabinete del ministro de Salud Julio Mazzoleni. Es decir, el dueño de la empresa es concuñado del jefe de Gabinete de Salud Pública. A eso se suma que los abogados de la empresa que hicieron lobby por esa firma en diferentes licitaciones, fueron Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia, y Sergio Coscia, procurador General de la República.

“Es grave por donde se lo mire”, señaló al respecto la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), quien fue una de las congresistas que denunció la sobrefacturada compra que hizo Salud Pública de los “respiradores de oro” de dicha empresa.

“Tan burdo fue como hicieron, porque una de las prohibiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas es que las empresas que se presenten no tienen que tener vinculación. Estas empresas estaban vinculadas y además el cheque de reparación del daño, porque existió el daño y repararon, era uno solo; no era que estaba separado por empresas. Es un esquema tan burdo que indigna y ofende a la gente que esperaba y perdió todo”, sostuvo la legisladora.

Vallejo instó nuevamente al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que tome cartas en el asunto. “Si bien el caiga quien caiga se fue debilitando con el tiempo, esto es de extrema gravedad. Se menciona a su jefe de Gabinete y al jefe de Gabinete de Mazzoleni”, acotó.

Lo peor de todo, según recordó, es que esta empresa ya había proveído al Ministerio de Salud los cuestionados “mousse de oro”. Como así también el Instituto de Previsión Social (IPS) hizo una llamativa tercerización a favor de esta firma.

LA COMPRA DE LOS RESPIRADORES DE ORO

El Ministerio de Salud Pública en abril llamó a licitación para la compra de ventiladores pulmonares. El proceso duró apenas unas 15 horas y se adquirieron 31 equipos por los que se pagaron G. 8.115.800.000.

La Contraloría General de la República analizó esta compra y encontró serias anomalías y la más resaltante fue que la compra tuvo un precio sobrefacturado en un 243% con relación a iguales equipos adquiridos en otra licitación.

Al tomar conocimiento del informe de la Contraloría los diputados Rocío Vallejo, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Jorge Britez y Celeste Amariila presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal contra personas innominadas por la sospechosa licitación realizada para la compra de estos respiradores y señalan existe una alta probabilidad de que se hayan cometidos hechos punibles en esta compra y piden que se identifique a los responsables.

El informe de la Contraloría empieza señalando que el pliego de bases y condiciones de la licitación estaba plagadao de irregularidades, que también fueron comprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El Ministerio de Salud hizo la licitación por la vía de la excepción alegando que los equipos debían ser adquiridos de forma urgente, la empresa que ganó esta millonaria licitación es Dysa Healthcare SA y que tenía que proveer los 31 equipos y lo hizo el 19 de abril pasado.

La Contraloría verificó el 28 de abril los ventiladores pulmonares adquiridos y constató que solo tres estaban instalados y funcionando, por lo que el órgano contralor se pregunta, ¿no era que se necesitaba de las máquinas de forma urgente?

Pero esta es la menor de las irregularidades detectadas en este caso, ya que se pudo constatar que se llama a la licitación con carácter de urgencia impostergable y el 1 de abril vía mail a las 19.00 se envía el pliego de bases y condiciones a las 5 empresas, el 2 de abril a las 12.00 ya se adjudicó a DYSA HELTHCARE SA, con solo 5 horas hábiles para preparar la oferta.

Además la empresa ganadora vende los 31 ventiladores pulmonares a un precio unitario de G. 261.800.000 Gs., totalizando el monto del contrato la suma de Gs 8.115.800.000 (guaraníes ocho mil ciento quince millones ochocientos mil).

Cuando en diciembre de 2019 la misma empresa vendió estos mismos equipos por un valor de G. 169.000.000 cada uno y no existe un documento que expliqué el por qué de la diferencia de precio y la Contraloría aclara que esa explicación debe estar agregada para demostrar que no existió sobrefacturación.

También una cuestión que llamó la atención de la Contraloría fue que solo se dio horas para que las empresas hagan sus ofertas y apunta; “si bien el proceso es por urgencia impostergable, y que la necesidad del equipo es de provisión inmediata, ello no implica que se establezcan plazos insuficientes para la preparación de ofertas” lo que quiere decir que si las otras empresas no pudieron hacer sus ofertas, se debió dar igual oportunidad a todas y no apresurar los plazos para beneficiar a una sola firma, tal como parece que se dio en el caso de DYSA HELTHCARE SA.

También llama la atención que no se encuentran los acuses de recibos de las ofertas de las otras cuatro empresas, por lo que todo hace suponer que la licitación pudo haber sido digitada.

En conclusión la Contraloría General de la República encontró cinco irregularidades graves en esta licitación y que son:

1) No se justifica la fijación del precio referencial en fundamentos que justifiquen que cada ventilador podría costar G. 220.000.000 ya que la compra que fija como referencia tenía el precio unitario a G.169.000.000

2) El proceso se hizo de una manera apresurada, que no permitió la transparencia y competitividad

3) El precio por el cual compra finalmente el Ministerio de Salud, es de 243% más elevado que el precio de costo determinado por la Contraloría.

4) El Ministerio tenía la facultad de fijar los precios, además por el hecho de acceder al precio del despacho conforme lo acredita la Contraloría.

5) En el contrato se cambian las condiciones del Pliego de bases y condiciones, siendo que la empresa había sido adjudicada cumpliendo los requerimientos del pliego.

hoy.com