Sindicato de asistentes fiscales pide renuncia de Díaz Verón
Este martes el sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público solicitó la renuncia al fiscal general del Estado, Javier Diaz Verón, mientras dure la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La otra opción es que se aparte del cargo mientras dure la pesquisa.
Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado.
“Creemos que el Ministerio Público sigue perdiendo la credibilidad de la ciudadanía, por eso el pedido al fiscal general, que renuncie o se aparte del cargo mientras dure la investigación en su contra”, señaló Justo Duarte, secretario del sindicato, en comunicación con la 780 AM.
Sostuvo que en el gremio están preocupados por la situación “porque aman” al Ministerio Público y no creen que Díaz Verón tome represalias en contra del sindicato por sentar postura como organización sobre la situación.
Sobre el tema de los audios filtrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre tráfico de influencia y que involucrarían también a Díaz Verón, Duarte indicó que jamás creyeron que la corrupción en el Poder Judicial llegaría hasta este punto.
El fiscal general del Estado está siendo investigado por el Ministerio Público por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. Los agentes designados son José Dos Santos y Yolanda Portillo y José Dos Santos.
La pesquisa inició mediante publicaciones de medios de prensa sobre los bienes de la máxima autoridad de la Fiscalía, como extensas propiedades y gran cantidad de ganado que posee en sus establecimientos del Chaco y Caazapá.
Fuente: lanacion.com.py
G. 15.000 millones sin rendirEn estos seis años al frente del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, no ha rendido cuentas por alrededor de G. 15.000 millones, destinados a los tristemente célebres “gastos reservados”.
Ejecución presupuestaria del Ministerio Público del año 2017. No figura el concepto de "gastos reservados", pero sí "otros gastos", que tampoco se sabe en qué consisten.
El titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, ingresó entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, y cada año religiosamente recurría a acciones de inconstitucionalidad para mantener esos gastos reservados en un manto de oscuridad. En promedio superaron G. 2.500 millones por año.
En todos estos años de gestión acumuló nada menos que G. 14.874.877.386 para supuestos fines que no se pueden “confesar”, bajo el argumento de que si dichos gastos toman “estado público” pondrían “en riesgo” la “seguridad nacional” y los actos investigativos.
Díaz Verón venía accionando cada año ante normativas de la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación, que obligan a todos los entes e instituciones del Estado a dar a conocer a la Cámara de Senadores en qué conceptos utilizará esos gastos reservados.
Para evitar cualquier rendición de cuentas, el fiscal general, cuyo mandato ha fenecido totalmente y sigue en el cargo ilegalmente, argumentaba que la “naturaleza jurídica” del concepto deriva en la confidencialidad que reviste el gasto en que incurre el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones que la propia Ley Orgánica le asigna.
La posición de Díaz Verón es que la ley orgánica obliga a la institución a “incurrir en gastos que no pueden tomar estado público, porque se tratan de erogaciones “de difícil registración y documentación”, tales como las operaciones encubiertas, investigaciones especiales, protección y asistencia a testigos en causas penales, subsistencia a informantes y otros gastos originados por la participación en procesos judiciales, etc.
USO Y ABUSO
Sin embargo, ha quedado plenamente demostrado que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ha hecho realmente uso y abuso de los recursos del Ministerio Público, por ejemplo, a través de innecesarias contrataciones de parientes y amigos.
Una investigación de ABC Color reveló que los cargos repartidos por Javier Díaz Verón, entre parientes, vecinos, amigos, empleados, exdomésticas y excriadas de la familia que aparecieron hasta el momento, han significado (curiosamente) una erogación de G. 1.500 millones al año para el contribuyente.
Ascienden a 30 los privilegiados, encabezados por la parentela de la esposa del fiscal, María Selva Morínigo, que ingresaron sin concurso a la institución. Además, tiene supuestos asesores “fantasma”.
