Un vergonzoso blindaje de los legisladores ante la corrupción
A pesar de las manifestaciones indignadas de una gran mayoría de la población, los senadores aprobaron ayer el proyecto de modificación del artículo 201 de la Constitución, "De la pérdida de investidura", que en la práctica implica un vergonzoso autoblindaje ante la posibilidad de ser echados del C
En contra de las expresiones de protesta ciudadana y de la propia Carta Magna, que no establece una mayoría calificada para aprobar un tema, el Congreso acabó ayer dando luz verde al proyecto de modificación del artículo 201 de la Constitución, de la pérdida de investidura, que en la práctica implica un vergonzoso autoblindaje ante la posibilidad de ser expulsados del Congreso por casos de corrupción fehacientemente comprobados.
Mientras la Carta Magna establece una mayoría simple, el nuevo proyecto de ley establece una mayoría de dos tercios para que se pueda dar la pérdida de investidura de un legislador. Es decir, los miembros del Congreso están legislando en contra de la propia Constitución.
Evidentemente, les asustó lo ocurrido recientemente con el senador colorado oficialista Óscar González Daher, quien tras la divulgación de conversaciones telefónicas filtradas por los medios de comunicación resultó descubierto en varios hechos de corrupción, cometidos desde su función de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y que ante la presión social y mediática sus propios colegas tuvieron que someterlo a la pérdida de investidura y expulsarlo públicamente de la Cámara de Senadores.
Para que eso no vuelva a suceder con otros legisladores, ante la larga lista de diputados y senadores que también están implicados en otros graves casos de corrupción, y que desde hace varios años vienen evadiendo a la Justicia con sus influencias y apelando a su condición de inmunidad parlamentaria, han decidido fabricar un proyecto de reglamentación a medida, en el cual se establece que para la pérdida de investidura legislativa ahora se deberá requerir primero de una sentencia judicial previa.
Además, la ley aprobada primero en la Cámara de Diputados y ayer en el Senado establece que la solicitud de pérdida de investidura debe ser presentada con 20 firmas de diputados y 11 de senadores. Así mismo, se aumenta la cantidad de votos requeridos para aprobar la pérdida de investidura: de los 41 que se precisaban en Diputados, ahora se necesitarán 53, y de los 23 votos que se requerían en Senadores, ahora se precisarán 30.
Obviamente, el punto más difícil de salvar será lo de obtener primero una sentencia judicial ante las denuncias de corrupción. Justamente, el caso González Daher había demostrado que la pérdida de investidura era una opción política de control ciudadano sobre sus congresistas, ante hechos de corrupción fehacientemente comprobados. Con esta ley se pierde esta opción política, convirtiéndola en una opción jurídica, que en la práctica resultará inaplicable.
La medida adoptada por los legisladores constituye una nueva burla a la ciudadanía por parte de la clase política y otro funesto paso en la consagración de la impunidad.
