La fiscala Quiñónez fue electa de la terna integrada también por Javier Díaz Verón y Victoria Acuña.

Tras la nueva Constitución de 1992, los sucesivos gobiernos de Juan Carlos Was­mosy, Luis González Macchi, Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo insta­laron un nuevo fiscal general para que cumpla la delicada función que le corres­ponde y, de acuerdo a la sabia secuencia, de hacer coincidir tal designación con la segunda etapa de gestión de sucesivos gobiernos.

El canibalismo político que se apoderó del Senado ya hace un par de años, autor de episodios lamentables como el intento de dejar al Poder Ejecutivo sin presu­puesto este año, ahora emprende un nuevo plan: lograr que Horacio Cartes sea el primer presidente constitucional de la República del Paraguay que no inaugure un período de mandato de la máxima autoridad del Ministerio Público, lo cual, institucional y políticamente, es un hecho que no deja lugar a dudas de la aviesa mala intención y el oscuro propó­sito destructivo de los legisladores.

Es más repudiable aún en tanto un ex pre­sidente de la República, Fernando Lugo, es hoy presidente de este cuerpo legisla­tivo, lo cual llevaría a pensar que tendría algún atisbo de idea sobre la representa­ción de estos actos, ubicados en sucesivos períodos para resguardar el equilibrio de las instituciones de la República.

Una primera cuestión es, por tanto, hacer un llamado a los ciudadanos para defender principios y valores demo­cráticos y evitar que este obstruccio­nismo pernicioso dañe más a la nación. El Senado debe ser algo más que un agu­jero donde se conspira 24 horas con­tra el Poder Ejecutivo. Hay temas, como la salud, la educación, el empleo, que merecen también su tiempo. Lamenta­blemente lo único que recoge la prensa de las declaraciones de estos polémicos opositores son solo ataques y más ata­ques a la figura presidencial.

La segunda cuestión tiene relación con el nivel de la persona escogida para ocu­par tal responsabilidad. Jamás, en toda la historia de esta institución, desde su potenciamiento con el nuevo marco jurí­dico, una designación generó cero cues­tionamientos. Es tremendamente para­dójico, pero se está rechazando a una designada por el Ejecutivo, como lo es Sandra Quiñónez, sin que exista desde la sociedad civil, desde el gremio judicial y desde la propia prensa cuestionamiento alguno al trabajo de esta abogada, hoy fis­cala de la Unidad Antisecuestro.

Esto lleva a pensar una vez más en la bajeza moral y ética de los obstruccio­nistas. No existiendo cuestionamientos hacia la capacidad para el desempeño del cargo; entonces, ¿qué es lo que se cues­tiona? No habrá más que silencio en la respuesta, porque en realidad el único "pecado" de Sandra Quiñónez es el ser propuesta por Horacio Cartes, presidente al que buscan boicotear por todos los cos­tados dentro de la más sostenida cam­paña de persecución desde el Congreso que se recuerde en gobierno alguno en toda la transición.

La sociedad civil tiene que expresarse contra este intento grosero del Senado porque estará privando a la Fiscalía General del Estado de la tarea de una responsable institucional de cuya serie­dad no quedan dudas y de cuya firmeza tampoco. Es más. Es probable que esta firmeza de Sandra Quiñónez para com­batir a la delincuencia y a los delincuen­tes, al secuestro, los secuestradores y sus cómplices, sea el verdadero motivo por el cual hoy temen designarla; posible­mente su probidad y mano firme contra la ilegalidad genera temor de quienes tie­nen cadáveres en el ropero y basura de corrupción bajo la alfombra de la impu­nidad y hoy con visitar a algún miem­bro de la Corte y/o designar a parientes en sus listas consiguen que la Justicia olvide sus pecados.

Ellos temen a Sandra Quiñónez.

Fuente: lanacion.com.py