CONTRASTES DE TRAYECTORIAS
Esperanza Martínez una trayectoria con serios cuestionamientos en su administración al frente del ministerio de Salud se olvida de que ha dejado al pueblo paraguayo sin atención médica y sin medicamento aquí una crónica de su triste trayectoria
Esperanza Martínez: denuncias, auditorías y procesos que marcaron su paso por el Ministerio de Salud
Compras de medicamentos, contratos, fondos por US$ 28 millones, medicamentos vencidos y observaciones de la Contraloría forman parte de una serie de antecedentes que rodearon la gestión de la exministra y actual senadora. Los expedientes permiten identificar cuestionamientos concretos, aunque no existe en las fuentes revisadas una condena penal firme contra Martínez por corrupción.
Esperanza Martínez ejerció como ministra de Salud Pública durante el gobierno de Fernando Lugo y posteriormente ingresó al Senado de la Nación. Actualmente continúa ocupando una banca y, en 2026, integra además una comisión especial del Senado creada para investigar presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud.
Su trayectoria al frente de la cartera sanitaria, sin embargo, estuvo acompañada por una serie de denuncias, auditorías, pedidos de investigación y procesos judiciales relacionados con compras, contrataciones y administración de recursos públicos.
La denuncia por medicamentos y presuntas sobrefacturaciones
En febrero de 2012, la Fiscalía de Delitos Económicos comenzó a investigar una denuncia presentada por representantes de trabajadores de la salud contra la administración de Martínez.
La denuncia mencionaba presuntas sobrefacturaciones de medicamentos, existencia de medicamentos vencidos y pagos vinculados con obras que no habrían sido concluidas.
De acuerdo con la información publicada entonces por ABC Color, los denunciantes sostenían que durante 2010 algunos medicamentos habían sido adquiridos con precios que llegaban a superar en hasta 4.000% los valores máximos de referencia señalados por la autoridad sanitaria.
La fiscala Irma Llano solicitó a la Contraloría el informe final de la auditoría y requirió documentación al Ministerio de Salud y a la Dirección de Contrataciones Públicas para determinar si las irregularidades denunciadas estaban efectivamente comprobadas.
Este punto requiere una precisión fundamental: el porcentaje del 4.000% corresponde a la denuncia investigada, no a una sentencia que haya determinado que Esperanza Martínez personalmente haya sobrefacturado medicamentos en ese porcentaje.
El propio Ministerio de Salud había cuestionado que el informe utilizado por los denunciantes estuviera incompleto porque todavía no incorporaba el descargo de la institución. La Fiscalía debía precisamente verificar esa documentación antes de establecer responsabilidades.
Los US$ 28 millones transferidos al sistema de Naciones Unidas
Uno de los mayores cuestionamientos políticos de aquella época estuvo relacionado con la transferencia de aproximadamente US$ 28 millones a organismos de Naciones Unidas para la adquisición de ambulancias, medicamentos, insumos y equipamiento médico.
En julio de 2012, la Cámara de Diputados aprobó un pedido para remitir antecedentes a la Fiscalía de Delitos Económicos y solicitó a la Contraloría auditar la gestión de Martínez.
Los legisladores que promovieron la investigación sostenían que el mecanismo utilizado para canalizar los fondos a través del PNUD/UNOPS podía haber vulnerado disposiciones presupuestarias y de contratación pública.
Las publicaciones periodísticas de la época calificaron el procedimiento de distintas maneras y algunos legisladores hablaron incluso de posibles delitos.
Pero esas expresiones deben ser atribuidas a quienes las formularon. No corresponde convertir automáticamente una acusación política de 2012 en una condena penal.
Una licitación de US$ 4 millones y el vínculo familiar cuestionado
Otro episodio fue la adjudicación de un contrato por aproximadamente US$ 4 millones a Rieder & Cía., dentro del esquema de adquisiciones gestionado mediante Naciones Unidas.
ABC Color informó que el hermano de Martínez, Hugo Martínez Lleida, se desempeñaba como auditor general de la empresa adjudicada.
El medio planteó entonces un posible conflicto de intereses y citó las disposiciones de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas relativas a vínculos entre funcionarios y empresas participantes.
El hermano de la entonces ministra respondió que no tenía participación en el área comercial ni conocimiento de las licitaciones.
El dato verificable, por lo tanto, es que una empresa en la que trabajaba el hermano de Martínez obtuvo una adjudicación durante su administración.
Lo que no puede afirmarse sin una resolución judicial o administrativa que así lo determine es que esa relación haya constituido por sí misma un delito o que Martínez haya intervenido ilegalmente para favorecer a la empresa.
La auditoría detectó incumplimientos contractuales y atrasos en las obras.
Entre las observaciones figuraban:
- incumplimiento del cronograma;
- trabajos ejecutados sin observar completamente las especificaciones técnicas;
- anticipos pagados de manera fraccionada;
- retrasos en el inicio y ejecución de las obras;
- falta de exigencia suficiente al contratista para cumplir sus obligaciones.
La Contraloría señaló expresamente que Esperanza Martínez y la entonces viceministra Raquel Escobar Argaña formaban parte de las autoridades alcanzadas por la auditoría al momento del llamado a licitación. Contraloría General de la República
Este constituye un hallazgo documentado por el órgano superior de control, pero tampoco equivale automáticamente a una condena penal de la exministra.
Más de G. 16.634 millones sin documentación respaldatoria
Otro informe de la Contraloría, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, detectó gastos del Ministerio de Salud por G. 16.634.502.688 sin documentación suficiente que acreditara la contraprestación de bienes o servicios en un proyecto ejecutado con el PNUD.
La auditoría también encontró:
- 038.413 medicamentos correspondientes a 11 lotes vencidos o próximos a vencer;
- una pérdida estimada de 7.499.221.591relacionada con esos medicamentos;
- pólizas de seguro por 462.172.096que no fueron ejecutadas pese a contratos incumplidos, obras inconclusas o trabajos no realizados. Contraloría General de la República
Estos números son importantes porque proceden de una auditoría oficial de la Contraloría, y no simplemente de una denuncia partidaria.
Sin embargo, existe una precisión temporal que debe mantenerse.
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2012 completo. Martínez estuvo al frente del Ministerio hasta junio de ese año y Antonio Arbo asumió posteriormente.
Por esa razón, no es correcto atribuir automáticamente a Martínez todos los hallazgos financieros correspondientes al ejercicio 2012.
El caso de los medicamentos oncológicos
Uno de los capítulos judiciales más importantes se produjo alrededor de la adquisición de medicamentos destinados a pacientes con cáncer.
En 2011 fueron firmados contratos con proveedores de medicamentos oncológicos por aproximadamente G. 11.000 millones durante la administración de Martínez.
Posteriormente se denunció que importantes cantidades de medicamentos habían sido adquiridas por encima de las necesidades inmediatas y que parte de los productos terminó venciendo o quedando próxima a vencer.
En 2013, la Fiscalía imputó a varios funcionarios del Ministerio de Salud por supuestas compras irregulares de medicamentos oncológicos e insumos destinados al Instituto Nacional del Cáncer.
Entre los imputados figuraron el exviceministro Édgar Giménez y funcionarios de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.
Una causa penal que terminó por prescripción
El proceso judicial relacionado con la compra de medicamentos oncológicos tuvo un largo recorrido.
Dos funcionarios, José María Ruiz Díaz Benítez y Federico Fabián Gill Ramírez, fueron inicialmente condenados por lesión de confianza en 2015.
Sin embargo, esa sentencia fue anulada por un Tribunal de Apelación Penal en diciembre de 2016, que ordenó realizar un nuevo juicio.
Posteriormente hubo otro juicio, nuevas resoluciones y finalmente un tercer proceso.
En octubre de 2023, el Tribunal de Sentencia declaró operada la prescripción de la causa y dispuso el sobreseimiento definitivo de los dos acusados.
La resolución fue dictada mediante el Auto Interlocutorio N.º 785, del 23 de octubre de 2023.
Según la reconstrucción judicial publicada por ABC Color, la causa había comenzado en 2013 y estuvo relacionada con un perjuicio estimado en aproximadamente G. 4.131 millones por la compra innecesaria de medicamentos oncológicos.
Es decir, el proceso no terminó con una condena firme de los acusados ni con una condena contra Esperanza Martínez.
Es documentalmente defendible afirmar que “su administración fue objeto de denuncias, auditorías y procesos relacionados con presuntas irregularidades en compras y manejo de recursos públicos”.
La paradoja actualEl contexto actual agrega un elemento políticamente relevante.
En septiembre de 2026, el Senado puso en funcionamiento una comisión especial para investigar presuntos hechos de corrupción en el IPS y el Ministerio de Salud.
Martínez forma parte de esa comisión.
El Senado informó que la investigación abarcará, entre otros aspectos, la gestión financiera y administrativa, mientras que la propia Martínez de dudosa administración de la salud pública, planteó concentrar el análisis en áreas consideradas de riesgo, como licitaciones, compras, tercerizaciones y contratos.
La situación plantea una pregunta legítima para el debate público:
¿Cómo deben analizarse actualmente las compras y contrataciones del sistema sanitario y qué mecanismos de control deberían aplicarse para impedir que se repitan las irregularidades detectadas en auditorías anteriores?
La pregunta resulta particularmente pertinente porque Martínez no solamente fue ministra de Salud, sino que actualmente participa en una comisión parlamentaria encargada de investigar precisamente presuntos hechos de corrupción dentro del sector.
La senadora también fiscaliza actualmente al Ministerio de Salud
El antecedente no se limita a la comisión especial.
En mayo de 2026, Martínez presentó un pedido formal de informes al Ministerio de Salud sobre compras y distribución de medicamentos, insumos y bienes adquiridos mediante amparos judiciales. El expediente figura oficialmente en el Sistema de Información Legislativa del Congreso y se encuentra en trámite.
También existen antecedentes de su actuación parlamentaria en relación con la falta de medicamentos oncológicos. En 2022 encabezó una reunión de comisiones del Senado para abordar la falta de medicamentos en el INCAN y promover mecanismos para atender el problema.
Por lo tanto, su actuación actual como senadora incluye tanto fiscalización del sistema sanitario como participación en investigaciones parlamentarias sobre presunta corrupción.
Lo que muestran los documentos
El recorrido documental deja un cuadro más complejo que una simple acusación de corrupción.
Durante la administración de Esperanza Martínez hubo:
- denuncias de presuntas sobrefacturaciones;
- cuestionamientos sobre compras de medicamentos;
- investigaciones fiscales;
- pedidos de auditoría del Congreso;
- transferencia de aproximadamente US$ 28 millones a mecanismos de Naciones Unidas para adquisiciones sanitarias;
- cuestionamientos sobre una adjudicación de aproximadamente US$ 4 millones a una empresa donde trabajaba su hermano;
- observaciones de la Contraloría sobre obras sanitarias;
- observaciones de la Contraloría por gastos sin documentación respaldatoria;
- medicamentos vencidos o próximos a vencer;
- procesos judiciales contra funcionarios relacionados con compras de medicamentos oncológicos;
- una condena posteriormente anulada;
- y finalmente la prescripción de esa causa.
La diferencia entre “existieron denuncias e irregularidades durante una administración” y “la persona que dirigía la institución cometió un delito” es jurídicamente fundamental.
La pregunta que queda abierta
¿Qué mecanismos de control propone hoy Esperanza Martínez para evitar que los problemas detectados durante su administración anterior vuelvan a producirse?
Estas preguntas permiten examinar la trayectoria de una figura pública con documentos y resultados verificables, sin convertir una denuncia en una condena ni confundir responsabilidad política con responsabilidad penal.
Fuentes principales
- Ficha oficial de Esperanza Martínez en el Senado— datos institucionales y actividad legislativa.
- Contraloría: gastos de G. 16.634 millones sin documentos respaldatorios— auditoría oficial del MSPBS correspondiente a 2012.
- Contraloría: construcción de nueve parques sanitarios regionales— inspección y observaciones sobre obras.
- Cámara de Diputados: pedido de auditoría de la gestión de Martínez— antecedentes parlamentarios de 2012.
Sistema Legislativo: pedido de informes sobre medicamentos y sobrefacturación — expediente parlamentario oficial.
- ABC Color: investigación fiscal por presunta sobrefacturación de medicamentos
— denuncia e investigación de 2012.
- ABC Color: proceso por medicamentos oncológicos y prescripción— evolución judicial y resolución de 2023.
- Senado: comisión especial sobre presuntos hechos de corrupción en IPS y Salud— situación actual en septiembre de 2026.
LA GRAN DIFERENCIA
Una trayectoria de más de una década en la frontera y el desafío de mostrar resultados concretos en salud
Es importante precisar los hechos y ponerlos en contexto. No se trata solamente de diez años de presencia en la región fronteriza. Desde 2010, desarrolla actividades en esta zona y, durante más de una década, ha construido una trayectoria vinculada al sector empresarial y a iniciativas de atención a la comunidad.
Actualmente, además de su actividad empresarial, mantiene siete clínicas que, según los datos difundidos, brindan atención gratuita a más de 40.000 personas al año. Los servicios incluyen consultas médicas, entrega de medicamentos y realización de estudios y exámenes, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención sanitaria a personas que, en muchos casos, enfrentan dificultades para acceder al sistema de salud.
Más allá de los discursos y de las declaraciones públicas, se plantea así una cuestión relacionada con los resultados concretos: ¿qué acciones ha desarrollado cada actor para contribuir a mejorar la salud de la población paraguaya?
La pregunta adquiere especial relevancia en un contexto en el que persisten desafíos importantes en el sistema público de salud, entre ellos las condiciones de infraestructura, la disponibilidad de servicios, el acceso a medicamentos, la atención médica y las dificultades que enfrentan numerosos ciudadanos para recibir atención de manera oportuna.
En ese escenario, las críticas forman parte del debate público, pero también resulta pertinente exigir que las afirmaciones estén acompañadas por hechos, propuestas y acciones verificables. Señalar deficiencias es una parte del debate; presentar alternativas, movilizar recursos y contribuir directamente a resolver problemas concretos constituye otra dimensión de la discusión.
Por ello, antes de cuestionar la trayectoria de quienes desarrollan iniciativas en beneficio de la comunidad, también resulta legítimo preguntar cuáles han sido las acciones concretas impulsadas por sus críticos en favor de la salud pública paraguaya.
La discusión, en definitiva, debería centrarse menos en los discursos y más en los resultados: cuántas personas fueron atendidas, qué recursos fueron destinados, qué servicios fueron puestos a disposición de la ciudadanía y qué impacto concreto tuvieron esas iniciativas.
En una cuestión tan sensible como la salud, la sociedad necesita información, transparencia y resultados verificables. Las diferencias de opinión pueden formar parte del debate, pero las acciones concretas son las que permiten evaluar qué se ha hecho, quiénes fueron beneficiados y cuáles son los compromisos que todavía están pendientes.
Infonews Firminio
