Denuncian que hijo de Peña es asociado de firma que busca supuesto despojo en el Chaco
Una denuncia ante la Comisión Especial del Senado, que investiga supuestas irregularidades del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por propietarios de tierras en el Chaco, alertó sobre un presunto modus operandi de despojo de propiedades. Llamativamente, se mencionó a Gonzalo Peña, hijo del ex presidente de la República Santiago Peña.
Saltaron varias denuncias durante la reunión de la Comisión Especial que investiga denuncias de irregularidades en tierras del Indert.
Foto: GENTILEZA
De acuerdo con la denuncia, Gonzalo Peña, hijo del ex presidente Santiago Peña, estaba asociado a un ciudadano colombo-estadounidense dentro de un supuesto esquema para apropiarse de tierras valiosísimas en una extensión aproximada de 310.000 hectáreas.
Ante la referida instancia que investiga presuntas irregularidades en el Indert, que preside el senador Líder Amarilla, se presentó para dar detalles
del caso Michelle Byun, de la Secta Moon, quien relató la conexión del hijo del ex mandatario, un empresario y el objetivo de sacar réditos con créditos de carbono.
“El representante legal de la firma es un ciudadano colombo- estadounidense, Kiantar Betancourt, quien es asociado de Gonzalo Peña, hijo del ex presidente de la República, quienes viajaban juntos con el objeto de la venta de carbono”, apuntó.
Según Byun, peligra que unas 310.000 hectáreas sean transferidas a empresas de maletín del ciudadano extranjero y quien sería socio de Peña.
Señala que existe una sentencia judicial que violaría incluso la Ley de Seguridad Fronteriza que contempla que extranjeros no pueden ser propietarios dentro de límites fronterizos.
Ahondó en la denuncia el representante legal de la organización del Chaco el ex ministro del Interior Francisco De Vargas, quien ratificó que detrás de la maniobra estaría el condimento político.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión”, manifestó De Vargas al tiempo de subrayar la sociedad de Betancourt con el hijo de Peña.
El objetivo de este grupo, según apuntó De Vargas, es que Betancourt y Gonzalo Peña busquen vender créditos de carbono a través de esas tierras a empresas multinacionales que buscan compensar su huella ambiental. Relató que para dicho negociado, Peña y su socio realizaron varios viajes con el objetivo de buscar mercados.
“… Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo les ilustre mucho para que entiendan la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño. Ya dejo que interpreten ustedes la cuestión”, aseveró.

Trama para supuesto despojo
Según una diapositiva proyectada por los denunciantes, varios actores privados, gubernamentales y de control tuvieron participación en el esquema.
Gonzalo Peña y su padre, desde la Presidencia de la República, habrían conformado el vínculo político y de poder tras la maniobra con tierras del Chaco, señalaron por medio de documentos puestos a disposición de los miembros de la Comisión.
Dentro de instituciones que debieron controlar y que no intervinieron pese a las advertencias, se señala al ex procurador general de la República Marco Aurelio González y el actual ministro de Defensa, Óscar González.
Obviamente se incluye a Kiantar Betancourt como la conexión empresarial tras las tierras de gran valor en el Chaco.
El abogado de los denunciantes relató que con base en este entramado en que aparecen instituciones del Estado, fue difícil que instituciones del Ejecutivo, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa, actúen con objetividad ante las denuncias.
“Esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión –por lo menos así lo entendemos–, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”, concluyó.
Ley N° 7190 de créditos de carbono
La referida normativa establece el marco legal para la generación, registro, transferencia y comercialización de créditos de carbono en Paraguay, promoviendo la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la participación en mercados de carbono.
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