Oposición pensante: Nakayama pide resguardar la credibilidad del BCP
No todos los opositores son francotiradores. Algunos tienen posturas pensantes, a pesar del riesgo de ser abucheados por representantes de su sector. Es el caso del senador Eduardo Nakayama, por lo menos en este caso específico; el legislador no tuvo empacho en apelar a la prudencia para resguardar la credibilidad del Banco Central del Paraguay y proteger el sistema bancario del país.
Nakayama calificó de “inusual” el masivo pedido cruzado de informes a entidades bancarias desde el Senado. Sostuvo que el Congreso no debe prestarse a “guerras entre grupos de poder” que amenacen la confianza de ahorristas e inversores.
Ratificó su postura sobre los riesgos de trasladar disputas comerciales del sector bancario a la arena legislativa, tras la reciente ola de pedidos cruzados de informes a varias entidades financieras y las respuestas emitidas por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Si bien reconoció que el Senado posee la facultad constitucional de solicitar datos para transparentar el sistema, remarcó que la solicitud simultánea de informes sobre cinco o seis bancos evidencia una maniobra atípica.
“Eso demuestra que hay algo por detrás: una guerra entre bancos o grupos de poder donde el sector político no se tiene que prestar”, aseveró en entrevista con La Tribuna.
El parlamentario enfatizó que las decisiones sobre política monetaria, cambiaria e inflacionaria corresponden exclusivamente al BCP, entidad que goza de alta credibilidad. Asimismo, recordó su postura crítica frente a la extinta “Comisión Garrote” en el caso del banco Atlas, reiterando que no se prestará a presiones corporativas en el recinto parlamentario.
“La prudencia es lo que tiene que primar cuando hablamos de finanzas. Cuando se generan dudas desde el sector político, confundimos a la ciudadanía y a los inversores”, exteriorizó.
El senador aclaró que el levantamiento del secreto bancario es una atribución exclusiva del ámbito judicial penal, donde las entidades están obligadas a remitir la documentación requerida, y recalcó sobre los riesgos de la intromisión política en el sistema financiero recordando la crisis del banco Unión en 1995, entidad forzada a cerrar que luego demostró su solvencia al devolver la totalidad de los fondos a los ahorristas; en ese sentido, enfatizó que ante fallas en los protocolos antilavado debe actuar de oficio la Superintendencia de Bancos, órgano encargado de instruir sumarios e imponer sanciones ejemplares tal como ha ocurrido con importantes multinacionales en el pasado.
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