Pedro Juan Caballero - 04 de July de 2025 |
Municipios delegan la impresión de registros a Opaci, organización que se queda con millones.
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Diputados de la oposición presentaron un proyecto que establece la eliminación de la intermediación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) en la expedición de licencia de conducir y en los procesos relacionados con bienes raíces.
Cuestionan el hecho que dicha organización se arrogue funciones específicas correspondientes exclusivamente a municipios, y en perjuicio económico de contribuyentes.
Varios diputados de la oposición presentaron este proyecto, que consta de cinco artículos, el pasado 1 de julio, y tiene como propósito fortalecer a los municipios, dejando que sean ellos quienes tramiten y cobren por las atribuciones que le son conferidas mediante la Constitución Nacional y la ley orgánica municipal.
En la exposición de motivos, este proyecto señala que, en este momento, la Opaci se atribuye dos funciones específicas que hacen al ámbito municipal. Uno de ellos es el campo de la expedición de los registros de conducir y el otro es en lo que se refiere a los procesos administrativos relacionados con bienes raíces.
“Esta tercerización no solo representa una carga económica para los contribuyentes y los municipios, sino que también ha limitado la posibilidad de que las municipalidades desarrollen sus propios sistemas...”, señala la exposición de motivos.
La propuesta legislativa propone además fortalecer precisamente la autonomía municipal, que está limitada por haber delegado funciones a una oenegé, que además, tiene fuerte injerencia política en particular del partido de gobierno.
De hecho, en la cúpula dominan dirigentes del Partido Colorado, entre ellos, su director ejecutivo y ex concejal colorado de San Lorenzo Nelson Peralta (hermano del ex rector de la UNA Froilán Peralta).
“Este proyecto pretende fortalecer dicha autonomía, eliminando la innecesaria intermediación de una organización privada en actividades que deben ser asumidas plenamente por los entes públicos locales”, subraya el documento.
De este modo, el artículo 1° de la propuesta contempla “desvincular a la Opaci de los procesos de emisión y renovación del registro de conducir, así como de la intermediación en la gestión y cobro de impuestos relacionados con inmuebles, devolviendo dichas competencias de manera directa a los gobiernos municipales”.
En ocasión de la reunión de la Comisión Bicameral Antilavado, a principios de año, la diputada de Patria Querida Rocío Vallejo, aprovechando un careo con autoridades de Opaci, reclamó a los representantes que la referida oenegé facture a las municipalidades en concepto de patentes vehiculares, pero también lo haga en otros conceptos, como por cuestiones inmobiliarias, gestionadas a través de escribanos.
El negocio mueve G. 50.000 millones, y Vallejo objetó que una institución privada se convierta en un mini-Estado.
En dicha ocasión, el director ejecutivo de Opaci, Nelson Peralta, dijo que, en un año, la organización recibió en concepto de transferencias de municipios unos G. 75.000 millones anuales que para la fecha ascendía a unos USD 10 millones, aproximadamente.
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